Proponen reducir de 65 a 63 la edad de acceso a subvenciones para adultos mayores
CDMX.- En la Cámara Baja se presentó una iniciativa para que las personas adultas mayores indígenas y afromexicanas puedan gozar de la pensión para el bienestar a partir de los 63 años y no a los 65 como se estipula actualmente.
Además, propone que el apoyo de 3 mil 850 pesos se entregue de manera mensual y no bimestral, ya que “es un insulto que deban esperar tanto para obtener 64.16 pesos diarios que les permitan sobrevivir”.
En este tenor, se precisó que, independientemente de que es una cantidad mínima, la mayoría de pensionados adultos mayores tienen que pagar renta, gas, energía eléctrica, agua, y medicinas, sin contar con alimentos y vestuario.
“La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional, y los recursos destinados no podrán disminuir independientemente del cambio de gobierno, ni ser utilizados con fines electorales”, se aclaró.
Macarena Chávez planteó que el costo financiero de este derecho debe incluirse en el Presupuesto de Egresos de la Federación de forma escalonada para que el cumplimiento de la llamada “pensión contributiva” pueda darse en el mediano y largo plazos, puesto que se trata de dinero de nuestros impuestos y no una dádiva del gobierno.
“En la entrega del Paquete Presupuestal 2023, el Secretario de Hacienda anunció un incremento a este apoyo. Es claro que ello significará mucho para los bolsillos de nuestras y nuestros adultos mayores; sin embargo, el pago bimestral sigue siendo un obstáculo por lo que es necesario que sea mensual para brindar una vejez digna”, enfatizó.
Recordó que las personas adultas mayores tienen todos los derechos consagrados en la Constitución y diversos ordenamientos jurídicos como el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se establece la garantía de que las personas puedan contar con un nivel de vida adecuado que les asegure alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y social en su vejez.
Lo anterior, aseveró, no ocurre en nuestro país, ya que es imposible cumplir con lo arriba descrito, por lo que es fundamental garantizar dicho apoyo de manera mensual.
Además, aun cuando los derechos de los adultos mayores están estipulados en la Constitución, no se ha demostrado que se cumpla con la función de combatir la pobreza en personas con discapacidad y de la tercera edad, ya que realmente han sido promovidos con carácter clientelar y no social, subrayó.
Macarena Chávez puntualizó que el Ejecutivo deberá especificar la fuente de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este decreto dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, e integrar una proyección de los recursos que se necesiten en el mediano y largo plazo para dicho fin.
