Senado aprueba nueva Ley de Aguas: para unos es justicia hídrica… para otros, una factura política con letra chiquita

El Senado dio luz verde —85 votos a favor y 36 en contra— a la nueva Ley General de Aguas, un proyecto que llegó desde San Lázaro con la promesa de garantizar el derecho humano al agua y que terminó desatando un debate donde el líquido más escaso fue la coincidencia.

Según la narrativa oficial, la reforma por fin pone al agua donde siempre debió estar: en manos del pueblo, y no de los “acaparadores”. Morena celebró la creación del “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, una frase tan ambiciosa que podría haber salido de un manual de autoayuda… pero aplicada a cuencas y pozos.

La oposición vio otra corriente. El PAN advirtió que la ley convierte el agua en palanca electoral, con un Gobierno que decidirá quién bebe, quién riega y quién se seca “a discreción”.
El PRI subrayó que el proyecto carece de estudios técnicos y financieros —un detalle menor cuando se habla de infraestructura nacional, por supuesto—, mientras MC denunció que la reforma abre la compuerta a más control, más trámites y más incertidumbre que agua.

El PVEM defendió la iniciativa como un paso hacia un modelo “justo y sostenible”, y el PT celebró que más de 70 mil comités de agua obtendrán personalidad jurídica, lo que, al menos en papel, suena a orden en el caos.

Así, la nueva Ley de Aguas avanza entre discursos de salvación hídrica y alertas de centralización. Lo único indiscutible después del debate es que, en México, cuando el agua fluye… también fluyen las tensiones.