Dependencias y entidades tendrán que sustituir el parque vehicular añejo
CDMX.- Para establecer que en las adquisiciones o arrendamientos de vehículos automotores que realicen las dependencias y entidades, se procurará aquellas unidades que garanticen cero o bajas emisiones de gases contaminantes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona un párrafo sexto al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
El documento, enviado al Senado, menciona en los transitorios que las 32 entidades federativas, a través de sus congresos locales, deberán adecuar el marco jurídico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en un plazo que no excederá de 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Además, las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del decreto, se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables, a través de los programas y proyectos destinados a ese fin, por lo que no incrementará su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales.
Las modificaciones, se dijo, tienen como objetivo lograr la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero estableciéndose la cantidad mínima de vehículos con bajas o nulas emisiones de gases contaminantes, priorizando la sustitución del parque vehicular y altamente contaminante por autos más eficientes y tecnológicamente sustentables.
Acciones y medidas amigables con el medio ambiente
La promovente, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) destacó que actualmente el país enfrenta recurrentes problemas de contaminación del aire; el transporte automotor, es uno de los principales responsables de las emisiones a la atmosfera, y en el Valle de México las emisiones generadas por los vehículos automotores pueden representar casi un 60 por ciento de la contaminación por partículas suspendidas.
Indicó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la contaminación ambiental y sus impactos negativos pueden costarle al país alrededor del 6 por ciento del Producto Interno Bruto, si no se tienen medidas adecuadas de prevención.
