Diputado hidalguense busca fortalecer al Tribunal Electoral de Hidalgo
El diputado Roberto Rico Ruíz integrante del grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado, presentó ante el pleno de la LXV legislatura, del congreso local, la Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.
Lo anterior, con el objetivo de fortalecer al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en lo relativo a su organización, funcionamiento y atribuciones para su eficaz desempeño; tomando en consideración que dicho órgano jurisdiccional está constituido como un organismo constitucionalmente autónomo, se expuso.
La reforma establece que “el Tribunal Electoral del Estado al contar, con el Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral, funcionará como la Institución Pública de Educación Superior especializada en materia electoral, integrante del Sistema Educativo Estatal, facultado para prestar el servicio público de Educación Superior”.
Además, conforme a las reglas establecidas en la legislación en materia educativa, desarrollará los procesos de capacitación y formación electoral, válidos como parte de su programa de educación continua.
Así también, la profesionalización electoral mediante el desarrollo de planes y programas de estudio debidamente aprobados por el Pleno, que permitirá obtener grados académicos y podrá ejecutarse a través de programas de Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado.
Aunado a ello, expuso Rico Ruíz, se busca construir elementos que permitan fortalecer el quehacer jurisdiccional de este Organismo Constitucionalmente Autónomo, implementar el servicio profesional de carrera judicial electoral, establecer una Unidad de Género que implique incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva en todas las acciones que desarrolle el Tribunal.
También, fortalecer y dotar de mejores herramientas al Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral para cumplir su objetivo social y de profesionalización constante de los operadores del sistema jurídico electoral y con la redefinición de la Unidad de Transparencia se garantiza un efectivo acceso a la información pública y una efectiva protección de datos personales.
De igual forma se contará con una Defensoría Pública Electoral, misma que estará orientada a la protección de derechos político-electorales, atención de género, con una visión ampliada y no limitada o enfocada a un solo sector.
